Morirse de joven (revisitación al 2008)

(Cuando se cumplen casi 3 años del terrible operativo policiaco en la discoteca News Divine, de la Ciudad de México, regreso a mis reflexiones y análisis de entonces...nada o muy poco ha cambiado. Este Texto fue publicado en la Revista Ñ del Diario Clarín, el 28 de junio de 2008, con el título "La pesadilla de ser joven")

 En este país las y los chavos se nos mueren de puro ser jóvenes...

Conforme se expanden las ofertas, la información y las opciones, se achican en la misma medida, las oportunidades. Ser joven en esta región del mundo es cada vez más complicado. Los problemas de “acceso” (a la escuela, al empleo, al esparcimiento, al bienestar, a la posibilidad de futuro) se han convertido para numerosos jóvenes en América Latina en una verdadera pesadilla. Según reporta la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en América Latina 41% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad eran pobres en 2002, cifra que subía a 50% en Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Pero no es solo la pobreza lo que enfrentan hoy los jóvenes en la región,  deben lidiar además con una creciente política que los criminaliza, que los excluye y estigmatiza. Se reduce el brazo social del Estado pero su fortalece su brazo policiaco y punitivo.

En mayo de 2001, el flamante jefe de la policía en Buenos Aires, Rafael D´Angelo, declaraba: “rodearemos las villas para evitar que salgan los delincuentes”, para añadir, con absoluto aplomo, que “muchos jóvenes [juntos] son sinónimo de delitos”. El 4 de mayo de 2002, más de 200 policías armados, irrumpieron en una fiesta electrónica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cercano a la ciudad de Guadalajara. Perros entrenados, golpes, prepotencia y abuso de autoridad fueron la tónica de un “operativo”, en el que primero se interrumpió el sonido y se apagó la luz; los que estaban en la última zona de la fiesta, imaginaron que sus amigos se tiraban al piso en un extraño ritual de protesta por el silencio y la oscuridad, hasta que los alcanzó la evidencia de los escudos, los cascos, las armas y “la amable” invitación para unirse a otros mil jóvenes: ¡Ora putos, al piso, boca abajo!. Pese a las evidencias de la arbitrariedad del operativo y de la clara violación a los derechos humanos que costó la cárcel a 30 jóvenes, el entonces gobernador de la entidad Francisco Ramírez Acuña, declararía en una ya célebre frase que forma parte de lo que Monsiváis llamaría “la picaresca mexicana”, que: “ se proseguirá con esos operativos para acabar con las francachelas y las orgías (sic), y si los delincuentes se sienten agraviados (los jóvenes afectados), que denuncien (ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos), porque se trata de proteger a la ciudadanía. El gobernador y las autoridades y, hay que decirlo, alguna parte de la sociedad, no lograron entender que los jóvenes agraviados eran también ciudadanos.

.El 23 de julio de 2003, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, difundió en cadena nacional la aprobación de la “Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales”, por parte de la Corte Suprema de Justicia y promulgada en el Diario Oficial 65, Tomo 383, ley que se conocería, en el espíritu Giuliani que habita la región como  “Operación Mano Dura y la ley antimaras”.

Y, en un asunto que pese a no involucrar el brazo punitivo del Estado, no deja de señalar la extrema vulnerabilidad que padecen los jóvenes, el 30 de noviembre de 2004, 197 jóvenes encontraron la muerte en una discoteca en Buenos Aires. El “caso” Cromañón, puso de manifiesto la corrupción, la falta de reglamentación urbana y la vulneración del derecho de los jóvenes a espacios de diversión seguros. Algunas bengalas prendieron las banderolas de poliuriteno con que se adornaba el techo, la tragedia no se hizo esperar. La falta de cualquier normatividad en torno a la seguridad de un local de estas características, la gran cantidad de jóvenes que, violentando los reglamentos había sido admitida al interior del local, agudizaron el desastre, en tanto, se reportó, varias de las salidas de emergencia, estaban bloqueadas o no servían. ¿El resultado?, alrededor de 150 muertos en el lugar, a los que se irían sumando varios más a lo largo de los días, en distintos hospitales.

México, 2008. El país se desangra por la guerra entre los cárteles de la droga, con un promedio de 17 ejecutados al día en distintos estados de la república, decapitados, torturados, no hay razones para ser optimistas. El ejército patrulla las calles en diferentes ciudades. El gobierno federal declara que “va ganando la guerra”, en la percepción de los mexicanos sucede exactamente lo contrario, no solamente el gobierno y el ejército está perdiendo sino además la sociedad en su conjunto. En el pequeño municipio de Nombre de Dios en Durango, al norte del país, quedan apenas 3 policías, los demás renunciaron por miedo al poder de fuego y muerte del narco y ya la gente no sale de sus casas. En un solo día aparecen en hieleras diez cabezas, en distintos puntos de las ciudades del norte. Las llamadas “narcomantas”, donde los señores de la droga van mandándose mensajes entre sí o al gobierno (cuando no los entregan en los mismos cuerpos torturados, mutilados y ejecutados), advierten que lo peor está por venir. Pese a la reprobación generalizada, medida por encuestas, a la estrategia gubernamental, se instala un clima de aceptación frente a los costos para la población de esta “guerra”. La “mano dura” se percibe como inevitable.

Es este el contexto, la atmósfera en la que se inserta el “operativo” de seguridad en la que 200 policías se presentan en la discoteca New´s Divine en un barrio popular de la ciudad de México, en la que se celebra una tardeada. Al igual que en Cromañón, ese día el “antro”, como llaman los jóvenes mexicanos a estos lugares, también opera al doble de su capacidad, también carece de condiciones mínimas de seguridad, también está bloqueada la salida de emergencia. Pero a diferencia de lo sucedido en Buenos Aires, en el New´s Divine es la propia policía la que bloquea la salida principal, lo que provoca pánico, heridos, angustia y la muerte innecesaria de 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías, por asfixia o lesiones.

El Jefe de Gobierno reconoce rápidamente que hubo “errores” en el operativo, se destituyen mandos, al igual que Chabán, el dueño de la discoteca es encarcelado y ocupa el lugar del culpable principal. El tema se “moraliza”, que si había menores de edad, que si los vecinos se habían quejado, que había venta de drogas, que venta de alcohol; se culpa a los padres. La investigación continúa y el 24 de junio, el video proporcionado por las propias autoridades de seguridad mostrado a la opinión pública el mismo día de la tragedia, aparece sin “cortes”. Es indudable, son los policías los que ocasionan la tragedia.

Los testimonios de muchos jóvenes ratifican el abuso de autoridad y la prepotencia con la que actuaron los policías. La sociedad discute, se indigna, el tema se politiza, es una ocasión para que se dirima el fuerte conflicto entre los dos partidos políticos que protagonizan la polarización en este país: el PAN que tiene a su cargo el gobierno federal y el PRD que gobierna la ciudad de México. Mientras se lanzan acusaciones y se van conociendo los peritajes de la tragedia, un tema queda invisibilizado: lo desmedido del operativo, lo inconcebible de lanzar la fuerza del Estado contra alrededor de 800 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que se divertían en un lugar, que por la complicidad y corrupción de las autoridades contaba con permisos para operar. No se trataba de criminales, ni de un lugar clandestino, no estaban ahí los jefes de los cárteles, no estaban ahí los sicarios con cuernos de chivo. Se trataba apenas de mujeres y hombres, cuyo delito fue, ese día, ser jóvenes.  

Isis tenía 16 años y quería ser odontóloga pero se murió de puro ser joven.

Nada habremos avanzado como sociedades democráticas, si se sigue privilegiando el uso de la fuerza y siga prevaleciendo una política y una sociedad que criminaliza a los jóvenes.