Derechos Humanos: crímenes sin castigo

El Informe 2010 de Amnistía Internacional , El Estado de los derechos humanos en el mundo, contiene valiosa información para intentar elaborar un mapa comparativo sobre los temas y áreas más delicadas en torno a los derechos humanos. En el caso de México, se señala que en el país se detuvieron y deportaron a más de 60 mil migrantes irregulares, principalmente centroamericanos que intentaban llegar a los Estados Unidos. En julio de 2009, cita el informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó que hasta 10 mil migrantes podían haber sido secuestrados. “Las iniciativas oficiales han sido totalmente inadecuadas”, señala Amnistía y en un dato que resulta sobrecogedor, se dice que en enero de 2009, cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la policía mató a tiros a tres migrantes irregulares e hirió a varios más durante una persecución al automóvil en que viajaban. Al cerrar el informe, no se había concluido aún con el proceso judicial de los policías implicados.
El apartado dedicado a Estados Unidos, autoerigido en paladín de la democracia y de los derechos humanos, no podía ser más preocupante. Señala Amnistía que en el periodo que cubre el informe 47 personas murieron después de haber sido sometidos por la policía a la descarga de armas Taser. Entre estos “incidentes”, figuran tres jóvenes desarmados e implicados en incidentes menores. Otro dato, en la prisión de máxima seguridad de Tamms (Ilinois), decenas de presos, permanecían recluidos 23 horas al día en régimen de aislamiento con una duración de diez años o más. En torno a la pena de muerte, fueron ejecutadas 52 personas.
En España, la situación no es muy diferente, fueron presentadas 230 denuncias por tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En febrero, se hizo público a través de sindicatos policiales, que en varias comunidades, la policía recibía órdenes de cumplir con un cupo mensual de detenciones de inmigrantes irregulares. En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desapariciones forzadas que databan de la Guerra Civil Española y los primeros años del régimen franquista; remitió, por consiguiente, los 114 266, presuntos casos de desaparición forzada a 43 juzgados en las localidades donde se habían encontrado fosas comunes. 13 de esos juzgados clasificaron los casos como “delitos comunes”. Lo que siguió después, a partir de la intervención del juez Garzón, es de sobra conocido.
Colombia que vive en estos días una tensa segunda vuelta, hubo en 2009, más de 286 mil desplazados. En abril de ese año, los medios de comunicación hicieron público que el DAS, organismo bajo autoridad directa del presidente, había estado llevando a cabo durante mucho tiempo, actividades de espionaje ilegales y generalizadas contra defensores de los derechos humanos. La revelación en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a una docena de jóvenes en Soacha, obligó al gobierno a tomar medidas, en 2009, las ejecuciones extrajudiciales descendieron, pero no terminaron. La población civil sigue siendo la principal víctima del conflicto armado.

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El informe de 464 páginas, dibuja un panorama bastante desalentador en torno a la conquista de los derechos humanos, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. De las naciones del llamado primer mundo a las más pobres y carentes del planeta, persiste el abuso del poder: de los homicidios judiciales a la persecución de los defensores de derechos humanos; del incumplimiento de los tratados internacionales, a la muerte absurda de miles y miles de ciudadanos que pierden esa condición por diversas razones (ser mujer, ser joven, ser transgénero, ser migrante), el mapa de la justicia en el planeta y el acceso equitativo al derecho, siguen siendo una quimera.

(Secciones Bibliografía, Convidados e Intuciones, renovadas)